Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La tortura en México es una práctica extendida, facilitada por el sistema penal, y goza prácticamente de total impunidad.
Así lo documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante una visita realizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, entre agosto y septiembre de 2008.
La delegación, integrada por seis miembros del Subcomité, emitió su informe en mayo del año pasado, pero se pudo conocer hasta este miércoles, debido a las maniobras del gobierno de Felipe Calderón para mantenerlo oculto.
A pesar de que el propio Subcomité había recomendado su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó mantenerlo en reserva durante 12 años (Proceso 1733).
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y logró su desclasificación como documento reservado.
El informe resultó de la visita a 12 recintos policiales y judiciales, siete centros penitenciarios, una prisión militar, dos centros de menores de edad y dos hospitales psiquiátricos en el Distrito Federal, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.
La visita, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2008, tuvo el propósito de evaluar la aplicación en México del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del que el país forma parte desde abril de 2005.
El reporte confirmó la ineficiencia del Estado mexicano para prevenir y sancionar la tortura cometida por funcionarios públicos, policiales, ministeriales o incluso custodias en centros de detención y arraigo.
El informe, que se dio a conocer en una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, documentó también la limitada actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, incluida la de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsable de investigar las quejas por tortura.
Una de las principales observaciones fue sobre la actuación del Ministerio Público (MP), que mantiene a los detenidos durante largos periodos, valida las confesiones obtenidas bajo tortura, obliga a modificar los reportes médicos en casos de personas torturadas o maltratadas, y carece de peritos independientes para investigar y documentar la tortura denunciada por los detenidos.
El MP tiene al inculpado bajo custodia durante un lapso importante para entrevistarlo y tomarle declaración. Esa normativa y práctica, dice, contraviene los estándares internacionales, que establecen que la declaración del imputado debe ser recibida por una autoridad judicial.
Así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; ambos instrumentos han sido ratificados por México.
El Subcomité estableció que esa práctica del MP facilita “un escenario de riesgo” para que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con el propósito de obtener información, pruebas o declaraciones, de manera contraria al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas”.
Peor todavía es que el detenido tiene que demostrar que fue torturado, lo que se complica aún más cuando se utilizan métodos que no dejan evidencias físicas.
En especial, expresó “preocupación por los testimonios de personal médico de una procuraduría”, en los que quedó claro “cómo en muchas ocasiones los partes médicos no reflejan la realidad de los hallazgos encontrados al examinar a los pacientes”.
Los entrevistados “explicaron que era una práctica frecuente cambiar los partes médicos por orden de la procuraduría”.
La delegación atestiguó también cómo la autoridad utiliza el Protocolo de Estambul en contra de los detenidos, ajeno a su propósito de evitar la tortura y los malos tratos, lo que incluso podría explicar la inexistencia o el número bajo de denuncias por esas prácticas en los estados visitados.
Para el Subcomité, “el número de denuncias no es un indicador fiable para la evaluación del problema… Hay que tener en cuenta que, tanto la complejidad del sistema de trámite como el riesgo de represalias, pueden disminuir el número de denuncias de una forma drástica”.
Precisa que las víctimas ni están en condiciones mentales ni hay confianza en el sistema de denuncia, con la amenaza también de ser procesados por declarar contra la autoridad.
Además, considera que la figura del arraigo puede propiciar la tortura, debido a que se trata de espacios poco vigilados, y la vulnerabilidad de los arraigados por estar en una condición jurídica indefinida.
La delegación constató que la tortura es una práctica impune, por lo que pidió al Estado mexicano modificaciones legales para que las penas por tortura, tratos crueles o degradantes sean equiparables a las de un delito grave y no a lesiones o similares.
El informe también se refiere alas deficiencias de la defensoría pública, a las circunstancias de detención de los grupos vulnerables, en particular de niños y de indígenas, y a las condiciones de las prisiones.
El pasado fin de semana, la SRE anunció que para cumplir con las recomendaciones del Subcomité realizará un registro nacional de detenidos, en el que se incluya el motivo que justifique la privación de libertad, la hora de ingreso, la autoridad que ordenó la detención y los funcionarios responsables de cumplirla, así como el lugar de custodia y la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad.
Pero esa es sólo una de las medidas sugeridas por la ONU, que recomendó “vehementemente que se tomen todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que se adecue la legislación primaria y secundaria a los tratados internacionales sobre tortura”.
Además, pidió que se agilice la reforma constitucional penal aprobada en 2008 para que las declaraciones de las personas sean presentadas ante autoridad judicial y no ante el ministerio público.
En un comunicado, la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” señaló que la propuesta del Estado mexicano ante organismos internacionales para capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos es insuficiente.
“Sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes, documentados por el Subcomité, fueran producto de una falta de capacitación, puesto que no se requieren conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales”, añadió.
Es la impunidad absoluta y la estructura del sistema penal lo que alienta la tortura, señalaron las organizaciones.
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La tortura en México es una práctica extendida, facilitada por el sistema penal, y goza prácticamente de total impunidad.
Así lo documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante una visita realizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, entre agosto y septiembre de 2008.
La delegación, integrada por seis miembros del Subcomité, emitió su informe en mayo del año pasado, pero se pudo conocer hasta este miércoles, debido a las maniobras del gobierno de Felipe Calderón para mantenerlo oculto.
A pesar de que el propio Subcomité había recomendado su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó mantenerlo en reserva durante 12 años (Proceso 1733).
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y logró su desclasificación como documento reservado.
El informe resultó de la visita a 12 recintos policiales y judiciales, siete centros penitenciarios, una prisión militar, dos centros de menores de edad y dos hospitales psiquiátricos en el Distrito Federal, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.
La visita, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2008, tuvo el propósito de evaluar la aplicación en México del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del que el país forma parte desde abril de 2005.
El reporte confirmó la ineficiencia del Estado mexicano para prevenir y sancionar la tortura cometida por funcionarios públicos, policiales, ministeriales o incluso custodias en centros de detención y arraigo.
El informe, que se dio a conocer en una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, documentó también la limitada actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, incluida la de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsable de investigar las quejas por tortura.
Una de las principales observaciones fue sobre la actuación del Ministerio Público (MP), que mantiene a los detenidos durante largos periodos, valida las confesiones obtenidas bajo tortura, obliga a modificar los reportes médicos en casos de personas torturadas o maltratadas, y carece de peritos independientes para investigar y documentar la tortura denunciada por los detenidos.
El MP tiene al inculpado bajo custodia durante un lapso importante para entrevistarlo y tomarle declaración. Esa normativa y práctica, dice, contraviene los estándares internacionales, que establecen que la declaración del imputado debe ser recibida por una autoridad judicial.
Así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; ambos instrumentos han sido ratificados por México.
El Subcomité estableció que esa práctica del MP facilita “un escenario de riesgo” para que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con el propósito de obtener información, pruebas o declaraciones, de manera contraria al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas”.
Peor todavía es que el detenido tiene que demostrar que fue torturado, lo que se complica aún más cuando se utilizan métodos que no dejan evidencias físicas.
En especial, expresó “preocupación por los testimonios de personal médico de una procuraduría”, en los que quedó claro “cómo en muchas ocasiones los partes médicos no reflejan la realidad de los hallazgos encontrados al examinar a los pacientes”.
Los entrevistados “explicaron que era una práctica frecuente cambiar los partes médicos por orden de la procuraduría”.
La delegación atestiguó también cómo la autoridad utiliza el Protocolo de Estambul en contra de los detenidos, ajeno a su propósito de evitar la tortura y los malos tratos, lo que incluso podría explicar la inexistencia o el número bajo de denuncias por esas prácticas en los estados visitados.
Para el Subcomité, “el número de denuncias no es un indicador fiable para la evaluación del problema… Hay que tener en cuenta que, tanto la complejidad del sistema de trámite como el riesgo de represalias, pueden disminuir el número de denuncias de una forma drástica”.
Precisa que las víctimas ni están en condiciones mentales ni hay confianza en el sistema de denuncia, con la amenaza también de ser procesados por declarar contra la autoridad.
Además, considera que la figura del arraigo puede propiciar la tortura, debido a que se trata de espacios poco vigilados, y la vulnerabilidad de los arraigados por estar en una condición jurídica indefinida.
La delegación constató que la tortura es una práctica impune, por lo que pidió al Estado mexicano modificaciones legales para que las penas por tortura, tratos crueles o degradantes sean equiparables a las de un delito grave y no a lesiones o similares.
El informe también se refiere alas deficiencias de la defensoría pública, a las circunstancias de detención de los grupos vulnerables, en particular de niños y de indígenas, y a las condiciones de las prisiones.
El pasado fin de semana, la SRE anunció que para cumplir con las recomendaciones del Subcomité realizará un registro nacional de detenidos, en el que se incluya el motivo que justifique la privación de libertad, la hora de ingreso, la autoridad que ordenó la detención y los funcionarios responsables de cumplirla, así como el lugar de custodia y la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad.
Pero esa es sólo una de las medidas sugeridas por la ONU, que recomendó “vehementemente que se tomen todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que se adecue la legislación primaria y secundaria a los tratados internacionales sobre tortura”.
Además, pidió que se agilice la reforma constitucional penal aprobada en 2008 para que las declaraciones de las personas sean presentadas ante autoridad judicial y no ante el ministerio público.
En un comunicado, la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” señaló que la propuesta del Estado mexicano ante organismos internacionales para capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos es insuficiente.
“Sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes, documentados por el Subcomité, fueran producto de una falta de capacitación, puesto que no se requieren conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales”, añadió.
Es la impunidad absoluta y la estructura del sistema penal lo que alienta la tortura, señalaron las organizaciones.
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