Grenoble, Atenco y el secuestro equiparado
Adolfo Gilly
Querido Eduardo:
Ahora que junto con Helena estás otra vez de paso en estas tierras nuestras, quiero contarles unas historias.
Esta mañana, allá en Grenoble, Francia, los trabajadores de Caterpillar, empresa estadunidense que fabrica máquinas para construcción, retuvieron en las oficinas a cinco ejecutivos: el director general, Nicolas Poulnik, el de recursos humanos y tres cuadros más. La empresa ha decidido despedir a 733 trabajadores (sobre un total de 2 mil 500). El sindicato pide reanudar la negociación interrumpida por la empresa. "No puedo negociar mientras no tenga libertad de movimientos", declaró a la prensa el director. "Tendrá libertad si acepta reabrir la negociación. Lo retenemos para discutir, sólo pedimos desbloquear las tratativas", dice el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo.
Así se están poniendo las cosas en Europa y en Francia, y no sólo en Grenoble.
Una retención similar de algunas horas, recurso poco habitual pero extremo cuando la desidia, la burla y la prepotencia de quienes tratan con el pueblo rebasan todo límite, según la reciente legislación penal mexicana y los jueces que la aplican es un secuestro, equiparable al secuestro de persona con fines de extorsión monetaria. La ley penal lo llama "secuestro equiparado".
Nuestro colega (tuyo y mío) Miguel Ángel Granados Chapa dice que esa figura penal es "una infamia". En Proceso, 8 marzo 2009, la describió así: "Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee y al calor propio de las discusiones con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de competencia de los retenidos". A quienes con verdad o sin ella resultan acusados de acciones de ese tipo, agrega Miguel Ángel, "se les asestan castigos semejantes o aún mayores que los del secuestro mercenario".
*
Dos historias entonces te cuento.
Una
La señora Jacinta Francisco Marcial, indígena del estado de Querétaro, ñahñú, apresada el 26 de marzo de 2006 durante un asalto brutal y pretextuoso de la policía contra los puestos de las vendedoras del mercado de Santiago Mexquititlán, ha sido condenada a 21 años de cárcel después de un proceso de tres años en el cual no contó siquiera con traductor a su idioma, el otomí. La señora Jacinta tiene 42 años de edad. Cometió, dice el juez, un "secuestro equiparado", cuando ni siquiera participó en los hechos sino que sólo fue su víctima. Pero alguien tiene que pagárnoslas, dicen la policía y la justicia.
Dos
El 3 de mayo de 2006, rompiendo un acuerdo previo, el gobierno municipal de Texcoco impidió con su policía que los floristas del mercado local vendieran sus flores en lugares especiales en esa fecha, Día de la Santa Cruz, cuando los trabajadores de la construcción celebran y hacen bendecir sus trabajos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes (2001) había frenado con su movilización la expropiación a precio vil de sus tierras en San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto (y frustrado así un gigantesco negocio de funcionarios y desarrolladores), se movilizó ese día en apoyo de los floristas. Unos funcionarios del municipio, en el forcejeo, fueron retenidos breves horas.
El gobernador del estado de México (Enrique Peña Nieto) y el gobierno federal (Vicente Fox) lanzaron entonces, el 4 de mayo de 2006, un operativo policial conjunto sobre el pueblo de San Salvador Atenco. Detuvieron a 207 personas con golpizas, fracturas, violencia de todo tipo, vejaciones y humillaciones. Entraron en las casas, rompieron los enseres y los recuerdos, mataron a dos muchachos, cometieron violación sexual en los camiones policiales que llevaban mujeres y hombres apresados, todo esto documentado con creces por organismos de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales. Nadie fue castigado por estos delitos.
*
Hoy, Eduardo, tres años después, 12 de aquellas personas siguen presas, acusadas de secuestro equiparado. Algunos son miembros del FPDT, otros simples pobladores de la zona que no habían participado en ningún movimiento social o político. Pero hay que hacer un escarmiento.
Nueve han sido condenados a 31 años de prisión. Están en la cárcel de Molino de Flores, en el estado de México. Los otros tres: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, están en un penal de alta seguridad (para narcotraficantes y especies símiles) en el Altiplano, bajo condiciones de prisión mucho más rigurosas. Ignacio del Valle tiene una condena de 112 años; los otros dos, nomás 67 años cada uno.
Ninguno de los 12 cometió delito alguno. Son presos políticos, es decir, están encarcelados por motivos puramente políticos. En una recta aplicación de justicia deberían salir ahora mismo. Y deberían ser procesados los funcionarios mandantes y los policías ejecutantes de las golpizas, las violaciones, las muertes y los destrozos de viviendas del 4 de mayo de 2006 en el poblado de San Salvador Atenco.
Ya sé, Eduardo, no te estoy contando nada nuevo. Pero sucede que hace más de 40 años, allá por 1966, yo era preso político en la cárcel de Lecumberri (en condiciones más liberales que los de Atenco, debo decirlo, aunque el presidente fuera Gustavo Díaz Ordaz, en cuya alma anidaba ya –lo prueban los archivos– el Tlatelolco de 1968). Entonces un día me llevaron al Polígono, la torre central desde donde se vigilaban todas las crujías del viejo panóptico (modelo Jeremy Bentham, ¿recuerdas?). Y en el Polígono me esperabas tú, que andabas por México y las autoridades de Lecumberri te habían dado permiso para visitarme. Allí estuvimos un buen rato conversando, supongo que de modo no muy diferente de como ahora en libertad sería, incluso en el hecho de que tú te ibas y yo me quedaba. Me quedaba, sí, pero con el recuerdo imborrable, ya otra vez te lo he dicho, de que extranjero y todo habías venido a verme a la cárcel, jóvenes ambos entonces y compañeros de oficio y otros afanes en aquellas dos invenciones montevideanas: el semanario Marcha, de don Carlos Quijano, y el diario Época, tuyo.
*
No digas nada ahora, Eduardo, porque estos gobernantes que hoy nos tocan son conservadores ultramontanos y andan nerviosos, tanto que hasta querían echar de México a Manu Chao por defender a los presos de Atenco.
Pero allá, en nuestra la más hermosa ciudad del río de la Plata, Montevideo, cuéntales a todas y también a todos que aquí, en México, hay muchos presos políticos, en Molino de Flores, en el Altiplano, en Chiapas, en Querétaro, en Guerrero, en Jalisco, en toda la República. Cuéntales, hermano, que viniste a México y, con otros nombres de cárceles, de presos y de gobernantes, volviste a topar con la misma historia.
Diles además que a todos estos también los vamos a sacar, con la ayuda de ustedes, los montevideanos, y de los trabajadores de Caterpillar, los del "secuestro equiparado" de Grenoble.
Un abrazo y un feliz regreso para Helena y para vos.
Adolfo
31 marzo 2009
Adolfo Gilly
Querido Eduardo:
Ahora que junto con Helena estás otra vez de paso en estas tierras nuestras, quiero contarles unas historias.
Esta mañana, allá en Grenoble, Francia, los trabajadores de Caterpillar, empresa estadunidense que fabrica máquinas para construcción, retuvieron en las oficinas a cinco ejecutivos: el director general, Nicolas Poulnik, el de recursos humanos y tres cuadros más. La empresa ha decidido despedir a 733 trabajadores (sobre un total de 2 mil 500). El sindicato pide reanudar la negociación interrumpida por la empresa. "No puedo negociar mientras no tenga libertad de movimientos", declaró a la prensa el director. "Tendrá libertad si acepta reabrir la negociación. Lo retenemos para discutir, sólo pedimos desbloquear las tratativas", dice el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo.
Así se están poniendo las cosas en Europa y en Francia, y no sólo en Grenoble.
Una retención similar de algunas horas, recurso poco habitual pero extremo cuando la desidia, la burla y la prepotencia de quienes tratan con el pueblo rebasan todo límite, según la reciente legislación penal mexicana y los jueces que la aplican es un secuestro, equiparable al secuestro de persona con fines de extorsión monetaria. La ley penal lo llama "secuestro equiparado".
Nuestro colega (tuyo y mío) Miguel Ángel Granados Chapa dice que esa figura penal es "una infamia". En Proceso, 8 marzo 2009, la describió así: "Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee y al calor propio de las discusiones con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de competencia de los retenidos". A quienes con verdad o sin ella resultan acusados de acciones de ese tipo, agrega Miguel Ángel, "se les asestan castigos semejantes o aún mayores que los del secuestro mercenario".
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Dos historias entonces te cuento.
Una
La señora Jacinta Francisco Marcial, indígena del estado de Querétaro, ñahñú, apresada el 26 de marzo de 2006 durante un asalto brutal y pretextuoso de la policía contra los puestos de las vendedoras del mercado de Santiago Mexquititlán, ha sido condenada a 21 años de cárcel después de un proceso de tres años en el cual no contó siquiera con traductor a su idioma, el otomí. La señora Jacinta tiene 42 años de edad. Cometió, dice el juez, un "secuestro equiparado", cuando ni siquiera participó en los hechos sino que sólo fue su víctima. Pero alguien tiene que pagárnoslas, dicen la policía y la justicia.
Dos
El 3 de mayo de 2006, rompiendo un acuerdo previo, el gobierno municipal de Texcoco impidió con su policía que los floristas del mercado local vendieran sus flores en lugares especiales en esa fecha, Día de la Santa Cruz, cuando los trabajadores de la construcción celebran y hacen bendecir sus trabajos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes (2001) había frenado con su movilización la expropiación a precio vil de sus tierras en San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto (y frustrado así un gigantesco negocio de funcionarios y desarrolladores), se movilizó ese día en apoyo de los floristas. Unos funcionarios del municipio, en el forcejeo, fueron retenidos breves horas.
El gobernador del estado de México (Enrique Peña Nieto) y el gobierno federal (Vicente Fox) lanzaron entonces, el 4 de mayo de 2006, un operativo policial conjunto sobre el pueblo de San Salvador Atenco. Detuvieron a 207 personas con golpizas, fracturas, violencia de todo tipo, vejaciones y humillaciones. Entraron en las casas, rompieron los enseres y los recuerdos, mataron a dos muchachos, cometieron violación sexual en los camiones policiales que llevaban mujeres y hombres apresados, todo esto documentado con creces por organismos de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales. Nadie fue castigado por estos delitos.
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Hoy, Eduardo, tres años después, 12 de aquellas personas siguen presas, acusadas de secuestro equiparado. Algunos son miembros del FPDT, otros simples pobladores de la zona que no habían participado en ningún movimiento social o político. Pero hay que hacer un escarmiento.
Nueve han sido condenados a 31 años de prisión. Están en la cárcel de Molino de Flores, en el estado de México. Los otros tres: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, están en un penal de alta seguridad (para narcotraficantes y especies símiles) en el Altiplano, bajo condiciones de prisión mucho más rigurosas. Ignacio del Valle tiene una condena de 112 años; los otros dos, nomás 67 años cada uno.
Ninguno de los 12 cometió delito alguno. Son presos políticos, es decir, están encarcelados por motivos puramente políticos. En una recta aplicación de justicia deberían salir ahora mismo. Y deberían ser procesados los funcionarios mandantes y los policías ejecutantes de las golpizas, las violaciones, las muertes y los destrozos de viviendas del 4 de mayo de 2006 en el poblado de San Salvador Atenco.
Ya sé, Eduardo, no te estoy contando nada nuevo. Pero sucede que hace más de 40 años, allá por 1966, yo era preso político en la cárcel de Lecumberri (en condiciones más liberales que los de Atenco, debo decirlo, aunque el presidente fuera Gustavo Díaz Ordaz, en cuya alma anidaba ya –lo prueban los archivos– el Tlatelolco de 1968). Entonces un día me llevaron al Polígono, la torre central desde donde se vigilaban todas las crujías del viejo panóptico (modelo Jeremy Bentham, ¿recuerdas?). Y en el Polígono me esperabas tú, que andabas por México y las autoridades de Lecumberri te habían dado permiso para visitarme. Allí estuvimos un buen rato conversando, supongo que de modo no muy diferente de como ahora en libertad sería, incluso en el hecho de que tú te ibas y yo me quedaba. Me quedaba, sí, pero con el recuerdo imborrable, ya otra vez te lo he dicho, de que extranjero y todo habías venido a verme a la cárcel, jóvenes ambos entonces y compañeros de oficio y otros afanes en aquellas dos invenciones montevideanas: el semanario Marcha, de don Carlos Quijano, y el diario Época, tuyo.
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No digas nada ahora, Eduardo, porque estos gobernantes que hoy nos tocan son conservadores ultramontanos y andan nerviosos, tanto que hasta querían echar de México a Manu Chao por defender a los presos de Atenco.
Pero allá, en nuestra la más hermosa ciudad del río de la Plata, Montevideo, cuéntales a todas y también a todos que aquí, en México, hay muchos presos políticos, en Molino de Flores, en el Altiplano, en Chiapas, en Querétaro, en Guerrero, en Jalisco, en toda la República. Cuéntales, hermano, que viniste a México y, con otros nombres de cárceles, de presos y de gobernantes, volviste a topar con la misma historia.
Diles además que a todos estos también los vamos a sacar, con la ayuda de ustedes, los montevideanos, y de los trabajadores de Caterpillar, los del "secuestro equiparado" de Grenoble.
Un abrazo y un feliz regreso para Helena y para vos.
Adolfo
31 marzo 2009
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