Constituciones progresistas, modelos de desarrollo y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas

Silvina Ramírez

En el escenario constitucional latinoamericano, sin lugar a dudas, las Constituciones de Ecuador y de Bolivia representan hoy un punto de inflexión, un antes y un después, para el reconocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien ya desde fines de los ’80 las Constituciones latinoamericanas incorporan cláusulas de reconocimiento de distinta envergadura (es el caso de la Argentina, que en la reforma constitucional de 1994 en su artículo 75 inc. 17 reconoce, entre otros derechos, la preexistencia de las comunidades indígenas), las mismas siempre se presentan como insuficientes para garantizar las reivindicaciones, plasmadas en derechos, de los pueblos indígenas.

Son las últimas Constituciones latinoamericanas en aprobarse (primero la Constitución de Ecuador de 2008, en segundo lugar la Constitución de Bolivia en 2009, ambas a través de un referéndum popular) las que se presentan como más potentes para los pueblos indígenas. A una multitud de derechos que contemplan, incorporan algunas cuestiones novedosas, tales como el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, o los derechos de la naturaleza en el caso de Ecuador. Estas Constituciones pueden ser adjetivadas como “progresistas” si por este concepto entendemos el pluralismo en su concepción y su pretensión de construir genuinos Estados igualitarios e inclusivos.

Es así como a partir de la vigencia de estas Constituciones tan robustas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, estos países (y otros con Constituciones más austeras en cuanto al reconocimiento, dentro de las cuales se encuentra la Constitución argentina) han optado por llevar adelante una política económica que se basa en la explotación de recursos naturales, y en la exportación de materia prima, siguiendo una continuidad histórica en donde su calidad de países agroexportadores ha marcado el perfil de los Estados latinoamericanos.

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