Naomi Klein
The Nation
Si creemos a los ministros de Finanzas del G-7, Haití está a punto de conseguir algo que se merecía desde mucho tiempo atrás: el "perdón" total de su deuda externa. En Puerto Príncipe, el economista haitiano Camille Chalmers ha estado siguiendo estos acontecimientos con un optimismo cauto. La cancelación de la deuda es un buen comienzo, dijo a Al Jazeera en su versión anglo, pero “es tiempo de ir más allá. Tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones por las devastadoras consecuencias de la deuda”. En su declaración, la idea de que Haití es un país deudor, necesita ser abandonada. Haití, argumenta, es un acreedor –y somos nosotros, en Occidente, quienes estamos demorados en el pago de nuestras obligaciones-.
Nuestra deuda con Haití proviene principalmente de cuatro fuentes: la esclavitud, la ocupación estadounidense, la dictadura y el cambio climático. Estos reclamos no son fantasiosos, ni puramente retóricos. Se basan en múltiples violaciones de normas y acuerdos legales. Aquí, aunque demasiado brevemente, se ofrecen algunos aspectos destacados del caso haitiano.
- La deuda de la esclavitud. Cuando los haitianos ganaron su independencia de Francia en 1804, tuvieron todo el derecho de reclamar reparaciones a los poderes que se habían aprovechado durante trescientos años del trabajo robado. Francia, de todos modos, estaba convencida de que habían sido los haitianos quienes habían robado la propiedad de los dueños de esclavos negándose a trabajar gratuitamente. Por ello, en 1825, con una flota de barcos de guerra amarrados en la costa haitiana amenazando con volver a esclavizar la antigua colonia, el rey Carlos X vino a recolectar: 90 millones de francos en oro –diez veces la renta anual de Haití en ese momento-. Sin capacidad para negarse, y sin posibilidades de pagar, la joven nación fue amarrada a una deuda que tardaría 122 años en saldarse.
En 2003 el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, enfrentado a un agobiante embargo económico, anunció que Haití demandaría al gobierno francés por el robo perpetrado tiempo atrás. “Nuestro argumento”, me dijo el ex abogado de Aristide, Ira Kurzban, “fue que el contrato era un acuerdo sin validez porque estuvo basado en la amenaza de re-esclavización en tiempos en los que la comunidad internacional consideraba la esclavitud como un mal”. El gobierno francés estuvo lo suficientemente preocupado como para enviar un mediador a Puerto Príncipe para que mantuviese el caso fuera de los tribunales. Finalmente, sin embargo, su problema fue eliminado: mientras se llevaban a cabo los preparativos del juicio Aristide fue derrocado. El juicio desapareció, pero para muchos haitianos los reclamos de reparación aún continúan.
- La deuda de la dictadura. Desde 1957 a 1986, Haití estuvo gobernado por el régimen desafiantemente cleptocrático de Duvalier. A diferencia de la deuda francesa, el caso contra Duvalier se expuso en varios tribunales que rastrearon los fondos haitianos hasta una elaborada red de cuentas bancarias en Suiza y fastuosas propiedades. En 1988 Kurzban ganó un juicio clave contra Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier cuando una Corte de Distrito en Miami dictaminó que el depuesto gobernante había “malversado más de 504 millones de dólares de fondos públicos”.
Los haitianos, por supuesto, aún siguen esperando la restitución de ese dinero –pero este fue sólo el comienzo de sus pérdidas-. Durante más de diez años los acreedores del país insistieron en que los haitianos debían pagar las astronómicas deudas contraídas por Duvalier, estimadas en 844 millones de dólares, gran parte de las cuales pertenecían a instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Sólo en servicios de deuda, los haitianos tienen que pagar 10 millones de dólares por año.
¿Era legal para los prestamistas extranjeros cobrar las deudas de Duvalier siendo que gran parte de ellas nunca se gastaron en Haití? Muy probablemente no. Como me afirmó Cephas Lumina, el experto independiente en deuda externa de las Naciones Unidas, “el caso de Haití es uno de los mejores ejemplos de deuda odiosa en el mundo. Sólo sobre esa base la deuda debería ser cancelada incondicionalmente”. Pero aún si Haití viera cancelada la totalidad de su deuda (y destaco el si), esto no extinguiría su derecho a ser compensado por las deudas ilegales que ya se contrajeron.
- La deuda climática. Apoyado por muchos países en vías de desarrollo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague, el caso de la deuda climática es sencillo. Los países ricos que han fallado tan espectacularmente en resolver la crisis climática que han causado tienen una deuda con los países en desarrollo que han contribuido poco a la crisis pero que padecen sus efectos de manera desproporcionada. En resumen, quien contamina, paga. Haití tiene un argumento irrefutable. Su contribución al cambio climático ha sido insignificante; las emisiones de carbono per capita de Haití representan sólo el 1% de las emisiones de los Estados Unidos. Aun así, Haití está entre los países más afectados –de acuerdo con un índice, sólo Somalia es más vulnerable al cambio climático-.
La vulnerabilidad de Haití al cambio climático no se debe sólo –ni siquiera principalmente- a su geografía. Efectivamente el país enfrenta tormentas cada vez más devastadoras. Pero es la débil infraestructura de Haití la que convierte situaciones de alerta en desastres, y los desastres en completas catástrofes. El terremoto, a pesar de que no tiene relación con el cambio climático, es un excelente ejemplo. Y aquí es donde todos esos pagos de deudas ilegales pueden tener su costo más devastador. Cada pago a un acreedor extranjero es dinero que no se utilizó para construir un camino, una escuela, una línea eléctrica. Y esa misma deuda ilegítima incrementa el poder del FMI y del Banco Mundial para imponer onerosas condiciones para cada nuevo préstamo, requiriendo que Haití desregule su economía y achique aún más su sector público. Al fallar en el cumplimiento de esas condiciones fue castigado con un embargo de la ayuda desde 2001 hasta 2004, las campanas de muerte para la esfera pública haitiana.
Esta historia precisa ser confrontada ahora, porque amenaza con repetirse. Los acreedores de Haití ya están utilizando la desesperada necesidad de ayuda por el terremoto para presionar por la quintuplicación de la producción en el sector textil, uno de los trabajos más explotadores en el país. Los haitianos no tienen mucho prestigio en estas conversaciones, porque se les considera receptores pasivos de ayuda, no participantes dignos y plenos en un proceso de reparación e indemnización.
Un cálculo sobre las deudas que el mundo tiene con Haití podría cambiar radicalmente su dinámica venenosa. Aquí es donde comienza el verdadero camino hacia la reparación: mediante el reconocimiento del derecho de los haitianos a ser reparados.
Si creemos a los ministros de Finanzas del G-7, Haití está a punto de conseguir algo que se merecía desde mucho tiempo atrás: el "perdón" total de su deuda externa. En Puerto Príncipe, el economista haitiano Camille Chalmers ha estado siguiendo estos acontecimientos con un optimismo cauto. La cancelación de la deuda es un buen comienzo, dijo a Al Jazeera en su versión anglo, pero “es tiempo de ir más allá. Tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones por las devastadoras consecuencias de la deuda”. En su declaración, la idea de que Haití es un país deudor, necesita ser abandonada. Haití, argumenta, es un acreedor –y somos nosotros, en Occidente, quienes estamos demorados en el pago de nuestras obligaciones-.
Nuestra deuda con Haití proviene principalmente de cuatro fuentes: la esclavitud, la ocupación estadounidense, la dictadura y el cambio climático. Estos reclamos no son fantasiosos, ni puramente retóricos. Se basan en múltiples violaciones de normas y acuerdos legales. Aquí, aunque demasiado brevemente, se ofrecen algunos aspectos destacados del caso haitiano.
- La deuda de la esclavitud. Cuando los haitianos ganaron su independencia de Francia en 1804, tuvieron todo el derecho de reclamar reparaciones a los poderes que se habían aprovechado durante trescientos años del trabajo robado. Francia, de todos modos, estaba convencida de que habían sido los haitianos quienes habían robado la propiedad de los dueños de esclavos negándose a trabajar gratuitamente. Por ello, en 1825, con una flota de barcos de guerra amarrados en la costa haitiana amenazando con volver a esclavizar la antigua colonia, el rey Carlos X vino a recolectar: 90 millones de francos en oro –diez veces la renta anual de Haití en ese momento-. Sin capacidad para negarse, y sin posibilidades de pagar, la joven nación fue amarrada a una deuda que tardaría 122 años en saldarse.
En 2003 el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, enfrentado a un agobiante embargo económico, anunció que Haití demandaría al gobierno francés por el robo perpetrado tiempo atrás. “Nuestro argumento”, me dijo el ex abogado de Aristide, Ira Kurzban, “fue que el contrato era un acuerdo sin validez porque estuvo basado en la amenaza de re-esclavización en tiempos en los que la comunidad internacional consideraba la esclavitud como un mal”. El gobierno francés estuvo lo suficientemente preocupado como para enviar un mediador a Puerto Príncipe para que mantuviese el caso fuera de los tribunales. Finalmente, sin embargo, su problema fue eliminado: mientras se llevaban a cabo los preparativos del juicio Aristide fue derrocado. El juicio desapareció, pero para muchos haitianos los reclamos de reparación aún continúan.
- La deuda de la dictadura. Desde 1957 a 1986, Haití estuvo gobernado por el régimen desafiantemente cleptocrático de Duvalier. A diferencia de la deuda francesa, el caso contra Duvalier se expuso en varios tribunales que rastrearon los fondos haitianos hasta una elaborada red de cuentas bancarias en Suiza y fastuosas propiedades. En 1988 Kurzban ganó un juicio clave contra Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier cuando una Corte de Distrito en Miami dictaminó que el depuesto gobernante había “malversado más de 504 millones de dólares de fondos públicos”.
Los haitianos, por supuesto, aún siguen esperando la restitución de ese dinero –pero este fue sólo el comienzo de sus pérdidas-. Durante más de diez años los acreedores del país insistieron en que los haitianos debían pagar las astronómicas deudas contraídas por Duvalier, estimadas en 844 millones de dólares, gran parte de las cuales pertenecían a instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Sólo en servicios de deuda, los haitianos tienen que pagar 10 millones de dólares por año.
¿Era legal para los prestamistas extranjeros cobrar las deudas de Duvalier siendo que gran parte de ellas nunca se gastaron en Haití? Muy probablemente no. Como me afirmó Cephas Lumina, el experto independiente en deuda externa de las Naciones Unidas, “el caso de Haití es uno de los mejores ejemplos de deuda odiosa en el mundo. Sólo sobre esa base la deuda debería ser cancelada incondicionalmente”. Pero aún si Haití viera cancelada la totalidad de su deuda (y destaco el si), esto no extinguiría su derecho a ser compensado por las deudas ilegales que ya se contrajeron.
- La deuda climática. Apoyado por muchos países en vías de desarrollo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague, el caso de la deuda climática es sencillo. Los países ricos que han fallado tan espectacularmente en resolver la crisis climática que han causado tienen una deuda con los países en desarrollo que han contribuido poco a la crisis pero que padecen sus efectos de manera desproporcionada. En resumen, quien contamina, paga. Haití tiene un argumento irrefutable. Su contribución al cambio climático ha sido insignificante; las emisiones de carbono per capita de Haití representan sólo el 1% de las emisiones de los Estados Unidos. Aun así, Haití está entre los países más afectados –de acuerdo con un índice, sólo Somalia es más vulnerable al cambio climático-.
La vulnerabilidad de Haití al cambio climático no se debe sólo –ni siquiera principalmente- a su geografía. Efectivamente el país enfrenta tormentas cada vez más devastadoras. Pero es la débil infraestructura de Haití la que convierte situaciones de alerta en desastres, y los desastres en completas catástrofes. El terremoto, a pesar de que no tiene relación con el cambio climático, es un excelente ejemplo. Y aquí es donde todos esos pagos de deudas ilegales pueden tener su costo más devastador. Cada pago a un acreedor extranjero es dinero que no se utilizó para construir un camino, una escuela, una línea eléctrica. Y esa misma deuda ilegítima incrementa el poder del FMI y del Banco Mundial para imponer onerosas condiciones para cada nuevo préstamo, requiriendo que Haití desregule su economía y achique aún más su sector público. Al fallar en el cumplimiento de esas condiciones fue castigado con un embargo de la ayuda desde 2001 hasta 2004, las campanas de muerte para la esfera pública haitiana.
Esta historia precisa ser confrontada ahora, porque amenaza con repetirse. Los acreedores de Haití ya están utilizando la desesperada necesidad de ayuda por el terremoto para presionar por la quintuplicación de la producción en el sector textil, uno de los trabajos más explotadores en el país. Los haitianos no tienen mucho prestigio en estas conversaciones, porque se les considera receptores pasivos de ayuda, no participantes dignos y plenos en un proceso de reparación e indemnización.
Un cálculo sobre las deudas que el mundo tiene con Haití podría cambiar radicalmente su dinámica venenosa. Aquí es donde comienza el verdadero camino hacia la reparación: mediante el reconocimiento del derecho de los haitianos a ser reparados.
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