Luis Hernández Navarro
En su libro Sentido único, Walter Benjamin sostiene que si la revolución proletaria no llega a tiempo, el progreso económico y técnico del capitalismo puede terminar en desastre. Parafraseándolo, puede afirmarse que, si la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no llega a tiempo, la militarización del país terminará en desastre.
Un movimiento así sólo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Sólo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos, y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas, y no sus abogados, las que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas –y no sus intermediarios– quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad.
Hoy, las víctimas, colocadas en una situación límite a raíz de una vivencia radical, han comenzado a hacer política. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión individual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa ética. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza para desmilitarizar el país y reparar el daño.
Por supuesto, hay que sumar todas las voces a la causa. Sólo así puede provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Hay que agregar a los notables y a los plebeyos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Nadie sobra. Todos hacen falta. Todos tienen algo que decir. Pero la voz que debe escucharse en primer plano es la de las víctimas.
El movimiento nació siguiendo una ruta azarosa. Muchos de sus integrantes pasaron del miedo a la indignación, de la indignación a la queja, de la queja a la movilización, y de la movilización al movimiento. Su organicidad es aún precaria y su horizonte tan diverso como sus orígenes.
Forjar la unidad de las víctimas es tarea ardua. Ya Eduardo Gallo documentó cómo algunas organizaciones civiles y sus dirigentes han sido acallados por el gobierno federal con recursos, prebendas y cargos públicos. Pero es difícil además, por la diversidad de circunstancias y visiones del mundo de los afectados. El mapa del dolor dibujado por la guerra contra el narcotráfico está trazado con todos los colores del espectro político, social y religioso. Escapar del cautiverio de los intereses particulares y de los estereotipos ideológicos es tarea difícil, acaso sólo posible si se calibra en toda su magnitud el tamaño de la catástrofe nacional.
En las últimas semanas se ha debatido una caracterización del naciente movimiento, de sus retos y perspectivas. La poesía de la disidencia de la marcha por la paz se ha convertido en un ejercicio de ardua gramática organizativa. De cara a la firma de un Pacto Nacional por la Paz en Ciudad Juárez, el próximo 10 de junio, sobresalen, entre las muchas contradicciones que inevitablemente atraviesan al movimiento, dos: la propuesta de negociar con el gobierno y la lucha por una reforma política presente en el documento Por un México en paz con justicia y dignidad.
De un lado, se encuentra el Movimiento Nacional por la Justicia con Paz y Dignidad (MNJPD) encabezado por el poeta Javier Sicilia y personajes como Emilio Álvarez Icaza. Del otro, el Frente Plural Ciudadano (FPC) y el Centro de Pastoral Obrera (CPO) de Ciudad Juárez.
El MNJPD propone un pacto ciudadano que, en un segundo momento, abra el diálogo con las autoridades. Asimismo, reivindica una reforma política que mejore la democracia representativa y la democratización de los medios de comunicación, y que la Cámara de Diputados, en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado.
El FPC y el CPO se oponen a todo diálogo con el gobierno en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías y los militares continúen en las calles. Consideran que
la experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. Las y los hermanos de Chiapas lo vivieron con los acuerdos de San Andrés, que aun pactados, fueron incumplidos; la misma suerte ha seguido la sentencia de la Corte Interamericana por las muertes de mujeres del Campo Algodonero, a pesar del peso moral y obligación de México como parte de la comunidad internacional, y nuestra experiencia reciente con el rotundo fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa Todos Somos Juárez.
Además del espinoso asunto del diálogo con el gobierno, otros puntos están también a debate dentro del movimiento. Mientras el MNJPD exige poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, diversos organismos señalan que se necesita desmilitarizar ya al país y eliminar el fuero militar. En los seis puntos del Pacto nacional por un México en paz con justicia y dignidad no se hacen referencias críticas explícitas al papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico ni hay objeciones a la Iniciativa Mérida, pero diversas agrupaciones consideran que es central denunciar la responsabilidad de Washington en la definición de la estrategia gubernamental y defender la soberanía nacional. Asimismo, varios grupos advierten que es necesario reivindicar el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez.
La hora de meter el freno de emergencia para detener la locomotora de la militarización del país ha llegado. Este 10 de junio, la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas dará un paso adelante en ese empeño
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