Democracia de alto riesgo

Artículo de opinión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan publicado en el periódico El Sur el 16 de Enero de 2012.

Las imágenes de cuatro soldados de Estados Unidos que se orinaban sobre tres cuerpos que yacían muertos en Afganistán, nos muestran el tamaño del desprecio que tienen por la vida los gobiernos y sus ejércitos que le hacen la guerra a naciones y pueblos que no se alinean a sus intereses políticos y económicos. El gobierno estadunidense que se asume como el campeón de la democracia resulta que se mea y se carcajea de sus enemigos, después de haberlos abatido. No sólo se conforman con matarlos, sino que se especializan en ejercer prácticas denigrantes, para dar lecciones al mundo del precio que tienen que pagar quienes se atreven a desafiarlos. La operación encubierta Rápido y furioso realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) puso en evidencia la estrategia bélica de seguir apelando a las armas como el único recurso para supuestamente combatir a los cárteles. Los resultados han sido desastrosos y aberrantes por su desenlace fatal. Paradójicamente, estas armas fueron utilizadas para privar de la vida a sus conciudadanos. Lo más increíble fue la posición de las autoridades, quienes se mostraron desconcertadas porque supuestamente desconocían esta operación. Como siempre sucede con las acciones ilegales y abusivas de los agentes del Estado, fingieron ignorancia. Sin ningún rubor se presentaron ante los medios de comunicación para decir que desconocían los hechos, sin embargo, asumieron la pose de sumos sacerdotes de la democracia al comprometerse a investigar  y castigar a los responsables, añadiéndole el ¡caiga quien caiga! Para nadie es un secreto que los grandes negocios de las elites económicas, en estos tiempos del libre mercado, son las drogas, la venta de armas, la trata de personas, el tráfico de  órganos, entre otros, los cuales forman parte de la economía criminal subterránea que trastoca de diferente manera a las estructuras gubernamentales.

No es casual que los grandes capos sean ahora personas con mucho poder, porque se han sabido incrustar  en el mundo de las finanzas globales al grado que compiten con los barones más ricos del mundo. La prosperidad de muchas empresas se debe al lavado de dinero y a los paraísos fiscales que protegen las ganancias mal habidas y que cuentan con la complicidad y la manga ancha de los gobernantes, quiene resultan ser los principales beneficiarios de este sistema financiero criminal.

Ante su incapacidad para revertir la alta criminalidad y la imparable descomposición social, de los políticos optan por construir una imagen falsa de nuestro país y se obstinan en imponer una estrategia guerrerista. Le apuestan a una lucha mediática para ganar audiencia e imagen. Aparecen en las cámaras de televisión con el maquillaje de la hipocresía para reiterarnos en todo momento que nunca permitirán que las fuerzas oscuras vulneren a las instituciones y atenten contra el Estado de derecho. Con sus trajes impecables y con una bandera utilizada más como adorno, se asumen como los paladines de la democracia. Su palabra la magnifican para dar a entender que representa el sentir de la mayoría de sus conciudadanos, como si nuestro país no estuviera fracturado y polarizado por los intereses económicos y de clases. En nombre de la democracia se acalla y avasalla a las voces disidentes, se oculta la verdad y se protege a los que reprimen a la población. El poder impune tiene la capacidad para maquillar la realidad oprobiosa, para pintar paisajes paradisiacos y elaborar una retórica falsa y vacua.

En nombre de la democracia los políticos son capaces de todo: de mentir, de traicionar, de prometer lo irrealizable, de aliarse con quien les garantice dinero lícito o ilícito, de hacer la guerra contra los adversarios políticos y llegar al extremo de matar. En esta democracia enferma no importan los ciudadanos y ciudadanas que construyen día tras día una sociedad igualitaria y participativa. Los que se sienten imprescindibles son los políticos demagogos y frívolos, que de la noche a la mañana se convierten en seres iluminados. La posibilidad que les da el poder lucrar con el erario público, la aprovechan para crearse una imagen hechiza con el afán de entrarle a la rebatinga  de las candidaturas. Con ello se manifiesta su mezquindad en todo su esplendor porque proyectan su pequeñez, su falta de oficio, sus flaquezas intelectuales, su carencia de visión política, su incipiente trayectoria, su orfandad en valores éticos y legitimidad social.

A los nuevos políticos hechos al vapor, lo que más les preocupa es colocarse cerca del jefe político, pegado a la ubre, haciendo lo posible para ser palomeados, realizando circo, maroma y teatro para llamar su atención. Ni les va ni les viene lo que la gente sufre y lucha,  no les importan los movimientos sociales que protestan, los reclamos legítimos de una población indignada por la imposición de políticas que atentan contra los derechos más elementales del ser humano.

En nuestro estado la democracia no se ha traducido para los ciudadanos en un bien tangible, en un valor que dignifique la vida de los pueblos, tampoco es un horizonte que los acerque a la justicia, que los encauce por el camino de la igualdad y la equidad. No ha sido un instrumento puesto al servicio de la sociedad, es más bien un botín que está  secuestrado por grupos que actúan como las mafias, que viven obsesionados por el dinero fácil, por los privilegios, embelesados por el poder y obnubilados por su protagonismo ramplón.

La alternancia política en Guerrero no nos condujo a ningún proceso de transición que transformara las estructuras del poder político.Fue más bien un reacomodo de los grupos de poder, una oportunidad para romper la coraza del cacicazgo priísta y una coyuntura propicia para el PRD, que supo capitalizar el malestar de la ciudadanía para encumbrarse en la pirámide y asumirse como el protagonista del cambio democrático. Después de siete años de perredismo empanizado, aderezado en este nuevo cuatrienio con una ensalada de políticos priístas, los guerrerenses nos encontramos en un momento sumamente crítico, porque no se han ido desde la época de la guerra sucia, los métodos represivos de los gobernantes y las prácticas gangsteriles de las corporaciones policiacas.

Se mantiene intacto el patrón de criminalización de los movimientos sociales. A las autoridades no les interesa que el pueblo se hunda en la pobreza, que se ahogue en la desesperación a causa del hambre y las enfermedades. No les importa ver a los niños y jóvenes que construyen su futuro en medio de las tinieblas del analfabetismo, pues sólo están prestos para tratarlos como delincuentes, para endilgares la culpa de su destino fatal, estigmatizándolos como vándalos.

Con la apología que ha hecho el gobierno federal en complicidad con los gobiernos estatales, de combatir a la delincuencia organizada empuñando las armas y accionándolas  de manera indiscriminada contra la población, se han dedicado a equipar y entrenar al Ejército y a las diferentes corporaciones policiacas para el manejo de armas letales y un uso desproporcionado de la fuerza, con el fin perverso de someter y controlar el malestar social. La represión a los estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre se enmarca dentro de esta estrategia de contención social.

Ninguna corporación policiaca cumplió con los protocolos del uso de la fuerza, por el contrario, usaron armas de grueso calibre, dispararon de acuerdo con testimonios video-gráficos de manera continua alrededor de seis minutos, sometieron con tratos crueles a varios estudiantes durante su detención y se ha documentado al menos un caso de tortura.

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 24 personas fueron detenidas arbitrariamente y también fueron víctimas de tratos crueles. Hubo violaciones graves a la integridad personal de al menos ocho personas detenidas y tres heridos de bala. Se obstaculizó el derecho a una defensa adecuada.

Las autoridades del estado y los grupos políticos afines al gobernador se niegan a aceptar esta realidad que los coloca frente al  espejo escrutador de la ciudadanía. En lugar de esperar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice las  investigaciones correspondientes, alientan el descrédito y exacerban los ánimos entre las clientelas políticas acostumbradas a vivir de prebendas. En lugar de respetar el luto de los familiares de los estudiantes, de garantizar su libre manifestación y de darle crédito a su palabra, alentaron sentimientos de animadversión, presentándolos como los causantes del desorden y de ser los emisarios del mal.

El gobierno no sólo ha focalizado su ira y su enojo contra los estudiantes, también lo está haciendo contra la CNDH, a través de  voceros oficiosos que se encargan de desacreditar  el informe preliminar. Ahora no es la población la que vulnera a las instituciones, sino los grupos de poder que se sienten afectados en sus intereses.

El gobierno debe entender que la CNDH está llamada a escuchar y atender las voces de quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Su mandato es investigar las actuaciones de las diferentes autoridades que intervinieron directa o indirectamente en la represión. El gran desafío es reconstruir esta tragedia con base en los testimonios, las pruebas y los peritajes para deslindar responsabilidades.

En el informe preliminar quedaron evidenciadas las autoridades, quienes no se guiaron por la verdad; mintieron, borraron evidencias, se encubrieron, trataron de fabricar culpables, investigaron a través de la tortura, buscando en todo momento incriminar a quienes fueron víctimas de esta agresión.

Para los ciudadanos y ciudadanas es un gran riesgo vivir en este tipo del democracia donde las autoridades evaden su responsabilidad y buscan impunidad, mientras tanto las víctimas tienen que soportar el escarnio, las amenazas y un proceso inacabado de revictimización ante su estado de indefensión, por la situación adversa que padecen como estudiantes quienes enfrentan la amenaza de perder sus estudios y con el riesgo de que se judicialice su lucha por el derecho a la educación.