Adelfo Regino Montes
Enraizada en el concepto jallalla, palabra aymara que expresa esperanza, satisfacción y agradecimiento por la vida, y que comúnmente se usa al principio o al final de un acto espiritual, se ha efectuado en la municipalidad de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, del 20 al 23 de abril pasado, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, con el propósito de analizar las causas del cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la naturaleza, desde la perspectiva de los pueblos y movimientos sociales del mundo.
Esta conferencia, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia, con el respaldo de los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas, ha surgido como clara respuesta al evidente fracaso de las negociaciones de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP15), que se efectuó en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre pasado.
La COP15 tuvo como resultado un documento denominado acuerdo de Copenhague, el cual ha sido cuestionado por gobiernos y movimientos sociales, en virtud de fue elaborado unilateralmente por algunos gobiernos liderados por Estados Unidos y del que fueron excluidas muchas de las partes, transgrediéndose las bases del multilateralismo asentadas en la Carta de las Naciones Unidas, como la legitimidad, la transparencia, la inclusión, el proceso democrático de participación y de igualdad jurídica entre los estados.
Aunque el supuesto acuerdo señala que deberían reducirse drásticamente las emisiones globales de dióxido de carbono –principal causante del calentamiento global– para que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 2°C, lo cierto es que no se fijan las medidas que comprometan a los países a cumplir con ese propósito, dejando las metas de reducción, adaptación y mitigación, entre otras, a total voluntad y capricho de las partes, sin obligatoriedad en el derecho internacional.
Ante la falta de voluntad política y de compromisos concretos, el Acuerdo de los Pueblos emanado de Cochabamba abre un horizonte de acción con el fin de rencauzar, por la vía multilateral y con la participación efectiva de los pueblos, las truncadas negociaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá su capítulo 16 en noviembre-diciembre de este año en Cancún (COP 16), donde se han cometido constantes y renovadas agresiones a la biodiversidad debido al desarrollo del complejo hotelero y turístico.
El Acuerdo de los Pueblos plantea que una de las causas del cambio climático es el sistema de vida que prevalece en el mundo, caracterizado por la explotación irracional de la naturaleza; por la mercantilización y privatización de las tierras, recursos naturales y diversas formas de vida; por un sistema de producción y consumo exagerados; por una lógica de competencia y crecimiento ilimitados; por la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos; por el uso de la represión contra la sociedad, y por la negación y violación de los derechos más elementales.
En consecuencia, el gran desafío para la humanidad consiste en cambiar este agotado sistema político y económico, y para ello es necesario mirar hacia nuestras raíces ancestrales. Pues ya no se trata de discutir siquiera si el modelo está agotado, sino qué debemos hacer a corto y mediano plazos. En esta lógica se ha acordado que es necesario fortalecer la vivencia y propuesta de los pueblos indígenas bajo el concepto del "vivir bien", reconociendo a la madre tierra como un ser vivo con la cual tenemos una relación indisoluble e interdependiente; basado en principios y mecanismos que garanticen respeto, armonía y equilibrio de los pueblos con la naturaleza y que tenga como fin la vida y no el negocio.
Se ha propuesto la adopción universal de una Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que garantizaría la vida, existencia, respeto e integridad de la naturaleza en su conjunto; el derecho al agua, al aire limpio y a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución, desechos tóxicos y radioactivos; el derecho de que la naturaleza no sea alterada, ni modificada genéticamente; así como a la restauración plena y pronta de los daños que la humanidad ha infligido a la madre tierra.
En lo que concierne a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, se ha afirmado la importancia de que los estados reconozcan jurídicamente la prexistencia y la propiedad de nuestros territorios y recursos naturales, así como la restitución y restauración de aquellos de los que hemos sido despojados.
Por el hecho de que muchos de los pueblos indígenas y campesinos viven en bosques y selvas, se ha considerado fundamental la restauración y conservación de los mismos mediante los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales, incluyendo los derechos de propiedad intelectual individuales y colectivos aún no reconocidos, pero con frecuencia utilizados indebidamente y expoliados bajo los acuerdos de libre comercio. En este sentido se ha dado un enérgico rechazo al programa de REDD (Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) y REDD plus, ya que mercantiliza nuestros bosques y selvas, y en su implementación se están violentando los derechos de los pueblos indígenas, en particular a nuestras tierras, territorios y recursos naturales, así como el consentimiento previo, libre e informado.
Finalmente, hemos replanteado la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático y acciones relacionadas con las tierras indígenas. Ello tiene especial relevancia, pues los pueblos indígenas no sólo sufrimos de manera directa los impactos adversos del cambio climático, sino que somos víctimas de las medidas de adaptación y mitigación que los gobiernos están tomando en nombre del cambio climático bajo una lógica mercantilista e individualista, cuando no entreguista a otros estados nacionales o a las corporaciones internacionales.
La cumbre de Cochabamba nos ha abierto un camino y un nuevo horizonte de vida. Esperemos que las palabras y propuestas aquí acordadas caigan, como granos de maíz, en tierra fértil, y que sean con el tiempo el tallo de una nueva vida, basada en la armonía, la paz y la justicia entre los seres humanos y la naturaleza en su conjunto. Así, al defender la madre tierra estaremos edificando nuestra propia salvación.
Enraizada en el concepto jallalla, palabra aymara que expresa esperanza, satisfacción y agradecimiento por la vida, y que comúnmente se usa al principio o al final de un acto espiritual, se ha efectuado en la municipalidad de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, del 20 al 23 de abril pasado, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, con el propósito de analizar las causas del cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la naturaleza, desde la perspectiva de los pueblos y movimientos sociales del mundo.
Esta conferencia, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia, con el respaldo de los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas, ha surgido como clara respuesta al evidente fracaso de las negociaciones de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP15), que se efectuó en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre pasado.
La COP15 tuvo como resultado un documento denominado acuerdo de Copenhague, el cual ha sido cuestionado por gobiernos y movimientos sociales, en virtud de fue elaborado unilateralmente por algunos gobiernos liderados por Estados Unidos y del que fueron excluidas muchas de las partes, transgrediéndose las bases del multilateralismo asentadas en la Carta de las Naciones Unidas, como la legitimidad, la transparencia, la inclusión, el proceso democrático de participación y de igualdad jurídica entre los estados.
Aunque el supuesto acuerdo señala que deberían reducirse drásticamente las emisiones globales de dióxido de carbono –principal causante del calentamiento global– para que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 2°C, lo cierto es que no se fijan las medidas que comprometan a los países a cumplir con ese propósito, dejando las metas de reducción, adaptación y mitigación, entre otras, a total voluntad y capricho de las partes, sin obligatoriedad en el derecho internacional.
Ante la falta de voluntad política y de compromisos concretos, el Acuerdo de los Pueblos emanado de Cochabamba abre un horizonte de acción con el fin de rencauzar, por la vía multilateral y con la participación efectiva de los pueblos, las truncadas negociaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá su capítulo 16 en noviembre-diciembre de este año en Cancún (COP 16), donde se han cometido constantes y renovadas agresiones a la biodiversidad debido al desarrollo del complejo hotelero y turístico.
El Acuerdo de los Pueblos plantea que una de las causas del cambio climático es el sistema de vida que prevalece en el mundo, caracterizado por la explotación irracional de la naturaleza; por la mercantilización y privatización de las tierras, recursos naturales y diversas formas de vida; por un sistema de producción y consumo exagerados; por una lógica de competencia y crecimiento ilimitados; por la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos; por el uso de la represión contra la sociedad, y por la negación y violación de los derechos más elementales.
En consecuencia, el gran desafío para la humanidad consiste en cambiar este agotado sistema político y económico, y para ello es necesario mirar hacia nuestras raíces ancestrales. Pues ya no se trata de discutir siquiera si el modelo está agotado, sino qué debemos hacer a corto y mediano plazos. En esta lógica se ha acordado que es necesario fortalecer la vivencia y propuesta de los pueblos indígenas bajo el concepto del "vivir bien", reconociendo a la madre tierra como un ser vivo con la cual tenemos una relación indisoluble e interdependiente; basado en principios y mecanismos que garanticen respeto, armonía y equilibrio de los pueblos con la naturaleza y que tenga como fin la vida y no el negocio.
Se ha propuesto la adopción universal de una Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que garantizaría la vida, existencia, respeto e integridad de la naturaleza en su conjunto; el derecho al agua, al aire limpio y a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución, desechos tóxicos y radioactivos; el derecho de que la naturaleza no sea alterada, ni modificada genéticamente; así como a la restauración plena y pronta de los daños que la humanidad ha infligido a la madre tierra.
En lo que concierne a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, se ha afirmado la importancia de que los estados reconozcan jurídicamente la prexistencia y la propiedad de nuestros territorios y recursos naturales, así como la restitución y restauración de aquellos de los que hemos sido despojados.
Por el hecho de que muchos de los pueblos indígenas y campesinos viven en bosques y selvas, se ha considerado fundamental la restauración y conservación de los mismos mediante los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales, incluyendo los derechos de propiedad intelectual individuales y colectivos aún no reconocidos, pero con frecuencia utilizados indebidamente y expoliados bajo los acuerdos de libre comercio. En este sentido se ha dado un enérgico rechazo al programa de REDD (Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) y REDD plus, ya que mercantiliza nuestros bosques y selvas, y en su implementación se están violentando los derechos de los pueblos indígenas, en particular a nuestras tierras, territorios y recursos naturales, así como el consentimiento previo, libre e informado.
Finalmente, hemos replanteado la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático y acciones relacionadas con las tierras indígenas. Ello tiene especial relevancia, pues los pueblos indígenas no sólo sufrimos de manera directa los impactos adversos del cambio climático, sino que somos víctimas de las medidas de adaptación y mitigación que los gobiernos están tomando en nombre del cambio climático bajo una lógica mercantilista e individualista, cuando no entreguista a otros estados nacionales o a las corporaciones internacionales.
La cumbre de Cochabamba nos ha abierto un camino y un nuevo horizonte de vida. Esperemos que las palabras y propuestas aquí acordadas caigan, como granos de maíz, en tierra fértil, y que sean con el tiempo el tallo de una nueva vida, basada en la armonía, la paz y la justicia entre los seres humanos y la naturaleza en su conjunto. Así, al defender la madre tierra estaremos edificando nuestra propia salvación.
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