miércoles, 19 de mayo de 2010
Miguel Bonasso sobre ley matrimonio homosexual
“Amor y proteínas es lo que necesita un niño, ¡el amor no es propiedad de los heterosexuales!”.
martes, 18 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
Mario Benedetti
Defensa de la alegría
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas
defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos
defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias
defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres
defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa
defender la alegría como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar
y también de la alegría.
El Sur también existe
Con su ritual de acero
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
sus cielos de neón
sus ventas navideñas
su culto de dios padre
y de las charreteras
con sus llaves del reino
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de lo que otros deciden
mientras el tiempo pasa
y pasan los desfiles
y se hacen otras cosas
que el norte no prohibe
con su esperanza dura
el sur también existe
con sus predicadores
sus gases que envenenan
su escuela de chicago
sus dueños de la tierra
con sus trapos de lujo
y su pobre osamenta
sus defensas gastadas
sus gastos de defensa
con sus gesta invasora
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cada uno en su escondite
hay hombres y mujeres
que saben a qué asirse
aprovechando el sol
y también los eclipses
apartando lo inútil
y usando lo que sirve
con su fe veterana
el Sur también existe
con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos su misiles
y sus enciclopedias
su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe.
Lento pero viene
Lento pero viene
el futuro se acerca
despacio
pero viene
hoy está más allá
de las nubes que elige
y más allá del trueno
y de la tierra firme
demorándose viene
cual flor desconfiada
que vigila al sol
sin preguntarle nada
iluminando viene
las últimas ventanas
lento pero viene
las últimas ventanas
lento pero viene
el futuro se acerca
despacio
pero viene
ya se va acercando
nunca tiene prisa
viene con proyectos
y bolsas de semillas
con angeles maltrechos
y fieles golondrinas
despacio pero viene
sin hacer mucho ruido
cuidando sobre todo
los sueños prohibidos
los recuerdos yacentes
y los recién nacidos
lento pero viene
el futuro se acerca
despacio
pero viene
ya casi está llegando
con su mejor noticia
con puños con ojeras
con noches y con días
con una estrella pobre
sin nombre todavía
lento pero viene
el futuro real
el mismo que inventamos
nosotros y el azar
cada vez más nosotros
y menos el azar
lento pero viene
el futuro se acerca
despacio
pero viene
lento pero viene
lento pero viene
lento pero viene
Cortina de albahaca
Silvio Rodríguez Domínguez
Este texto fue enviado al director de El País el 15 de mayo, a las 11:37 de la mañana, con petición de ser publicado. El periódico madrileño no lo tuvo en consideración.
Un grupo de artistas y escritores españoles ha lanzado una plataforma para democratizar a Cuba. Y cuando un cubano opina diferente, decretan que sus argumentos son cortinas de humo de la dictadura que padece y lo comparan con los franquistas. Pero los dioses parecen haberles castigado. Porque, precisamente por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo, el Consejo General del Poder Judicial acaba de suspender al juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Esta sentencia es un golpe durísimo a una democracia desde la que se pretende juzgar o mandar a juzgar los supuestos defectos ajenos, pero ojo con quien toque a los propios.
El veto a Garzón, considerado un héroe, ocurre en el mismo país que hace pocos años dio al mundo una verdadera lección de democracia, al votar contra el partido gobernante que los metió en una guerra injusta, haciendo oídos sordos a enormes manifestaciones populares. Personalmente no me explico cómo estas personalidades han llegado a la conclusión de que la política hacia Cuba debe ser la del aislamiento y el bloqueo. Es como si desconocieran que hace medio siglo esa misma política no ha logrado mover ni un milímetro la determinación de la mayoría de los cubanos.
Por otra parte, los cubanos también queremos cambios, pero consensuados por nosotros. Esas transformaciones ocurrirán más temprano o más tarde y la única política capaz de acelerarlas es el fin del bloqueo. Todo lo que se nos haga con asedio y presiones no podremos considerarlo a nuestro favor, sino como un insulto a nuestra autodeterminación, una injerencia inadmisible en nuestras vidas. Tantas agresiones y amenazas nos han enseñado que la supervivencia pasa por una sociedad orgánica, íntegra, indivisible. Así hemos salido airosos de embates artificiales y naturales. Pero sabemos que somos el resultado de un apremio, por vivir acosados. No creemos en un gobierno centralizado para siempre. Más bien solemos verlo como un concepto de emergencia, un mal necesario que el camino de la emancipación nacional nos ha impuesto para sobrevivir. El fin del bloqueo nos despejará profundamente, creando condiciones para que avancemos también en el concepto democrático. Subrayo que no quiero decir que sólo sin el bloqueo seremos más democráticos, sino que estoy seguro de que así lo conseguiremos más pronto.
La flamante plataforma propone aislar aún más a Cuba y agravar nuestra ya precaria economía. Pretende convencer al mundo de que la asfixia resolverá nuestros problemas. Su hipotético éxito significaría mucho más sufrimiento para nuestro pueblo, que lleva medio siglo enfrentando todo tipo de dificultades. Nuestra larga experiencia en “propuestas” foráneas nos dice que esta acción no es más que un nuevo artilugio para obligarnos a hacer lo que otros consideran que debemos hacer. Partiendo de que se trata de personas bien intencionadas, no sé cómo no entienden la ofensa de pretender que nos volvamos como ellos, con las reservas que despiertan esas democracias de banqueros ladrones y ejércitos ocupantes. Para colmo, cuando respondemos que no estamos de acuerdo, pretenden negarnos el derecho a que se nos escuche, porque todo lo que no razone como ellos ―dicen― viene contaminado de dictadura.
Capitaneados por un gran escritor peruano con un largo historial reaccionario, ciertos intelectuales españoles han decidido gastar más horas elucubrando cómo hacernos daño que investigando hasta qué punto viven en una democracia. Algunos parecen más preocupados por Orlando Zapata ―un hombre que tuvo el valor de escoger su propia muerte y enfrentarla―, que de los más de cien mil españoles asesinados en la era de Franco. Es triste ver lo poco que les interesa profundizar en la realidad cubana, cuando sus conclusiones son las mismas que las de los peores enemigos de nuestra dignidad. Por eso acabo admitiendo que esta página efectivamente es una cortina, no de humo pero sí de albahaca, contra la fetidez de su pretendida salvación.
Este texto fue enviado al director de El País el 15 de mayo, a las 11:37 de la mañana, con petición de ser publicado. El periódico madrileño no lo tuvo en consideración.
Un grupo de artistas y escritores españoles ha lanzado una plataforma para democratizar a Cuba. Y cuando un cubano opina diferente, decretan que sus argumentos son cortinas de humo de la dictadura que padece y lo comparan con los franquistas. Pero los dioses parecen haberles castigado. Porque, precisamente por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo, el Consejo General del Poder Judicial acaba de suspender al juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Esta sentencia es un golpe durísimo a una democracia desde la que se pretende juzgar o mandar a juzgar los supuestos defectos ajenos, pero ojo con quien toque a los propios.
El veto a Garzón, considerado un héroe, ocurre en el mismo país que hace pocos años dio al mundo una verdadera lección de democracia, al votar contra el partido gobernante que los metió en una guerra injusta, haciendo oídos sordos a enormes manifestaciones populares. Personalmente no me explico cómo estas personalidades han llegado a la conclusión de que la política hacia Cuba debe ser la del aislamiento y el bloqueo. Es como si desconocieran que hace medio siglo esa misma política no ha logrado mover ni un milímetro la determinación de la mayoría de los cubanos.
Por otra parte, los cubanos también queremos cambios, pero consensuados por nosotros. Esas transformaciones ocurrirán más temprano o más tarde y la única política capaz de acelerarlas es el fin del bloqueo. Todo lo que se nos haga con asedio y presiones no podremos considerarlo a nuestro favor, sino como un insulto a nuestra autodeterminación, una injerencia inadmisible en nuestras vidas. Tantas agresiones y amenazas nos han enseñado que la supervivencia pasa por una sociedad orgánica, íntegra, indivisible. Así hemos salido airosos de embates artificiales y naturales. Pero sabemos que somos el resultado de un apremio, por vivir acosados. No creemos en un gobierno centralizado para siempre. Más bien solemos verlo como un concepto de emergencia, un mal necesario que el camino de la emancipación nacional nos ha impuesto para sobrevivir. El fin del bloqueo nos despejará profundamente, creando condiciones para que avancemos también en el concepto democrático. Subrayo que no quiero decir que sólo sin el bloqueo seremos más democráticos, sino que estoy seguro de que así lo conseguiremos más pronto.
La flamante plataforma propone aislar aún más a Cuba y agravar nuestra ya precaria economía. Pretende convencer al mundo de que la asfixia resolverá nuestros problemas. Su hipotético éxito significaría mucho más sufrimiento para nuestro pueblo, que lleva medio siglo enfrentando todo tipo de dificultades. Nuestra larga experiencia en “propuestas” foráneas nos dice que esta acción no es más que un nuevo artilugio para obligarnos a hacer lo que otros consideran que debemos hacer. Partiendo de que se trata de personas bien intencionadas, no sé cómo no entienden la ofensa de pretender que nos volvamos como ellos, con las reservas que despiertan esas democracias de banqueros ladrones y ejércitos ocupantes. Para colmo, cuando respondemos que no estamos de acuerdo, pretenden negarnos el derecho a que se nos escuche, porque todo lo que no razone como ellos ―dicen― viene contaminado de dictadura.
Capitaneados por un gran escritor peruano con un largo historial reaccionario, ciertos intelectuales españoles han decidido gastar más horas elucubrando cómo hacernos daño que investigando hasta qué punto viven en una democracia. Algunos parecen más preocupados por Orlando Zapata ―un hombre que tuvo el valor de escoger su propia muerte y enfrentarla―, que de los más de cien mil españoles asesinados en la era de Franco. Es triste ver lo poco que les interesa profundizar en la realidad cubana, cuando sus conclusiones son las mismas que las de los peores enemigos de nuestra dignidad. Por eso acabo admitiendo que esta página efectivamente es una cortina, no de humo pero sí de albahaca, contra la fetidez de su pretendida salvación.
Rebelión
sábado, 15 de mayo de 2010
Caravana humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”
A los pueblos indígenas de México y del mundo
A los comunicadores y medios de comunicación
A la opinión publica nacional internacional
A los organismos de Derechos Humanos nacionales internacionales
Al movimiento social, organizaciones democráticas al pueblo de México y del mundo
A la otra Campaña
A las mujeres y hombres que sueñan en un mejor mañana y un mundo diferente.
Las comunidades, colonias y personas que integran el Municipio Autónomo de San Juan Cópala hemos sufrido durante los meses recientes una escalada de embates violentos en nuestra contra, la gente que esta comprometida con este proyecto ha resistido valientemente y aquellas personas que confian en nuestro destino como pueblo indígena se han arriesgado junto con nosotros para defenderlo a toda costa.
Un claro ejemplo de ello fue la lamentable pérdida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola en el ataque armado a la caravana humanitaria del pasado 27 de abril, quienes expusieron sus propias vidas con tal de informar al mundo las condiciones infrahumanas en que viven los pobladores de San Juan Copala, asediados por el acecho militar de un grupo paramilitar que asola día y noche a nuestros compañeros y compañeras.
Porque el mundo necesita conocer estas condiciones y conocer la complicidad de las autoridades del gobierno de Oaxaca con este grupo paramilitar, es que hacemos un llamado nuevamente a la comunidad nacional e internacional, a todos los países del mundo para romper de una buena vez el cerco paramilitar en donde viven mas de 70 familias que se encuentran en condiciones inhumanas y en condiciones de violación permanente a sus derechos, al ejercicio de su propias formas de organización social, política y cultural y al pleno ejercicio de su vida y convivencia comunitaria..
Porque el silencio no puede ser impuesto por el ruido de las armas: Convocamos a La caravana humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” que se realizara el día 8 de junio de 2010 rectificando a tod@s que no será el día 30 de mayo como fue publicado en algunos medios de comunicación, debido a que se necesita buscar y asegurar el acopio de alimentos y víveres suficiente para estas familias por varias semanas mas y sobre todo para conseguir las condiciones de seguridad indispensables para su realización y no poner en riesgo a ninguna de las personas que decidan acompañarnos.
Las condiciones humanitarias son extremas por lo que la gente no aguanta mas, sin agua, luz, ni alimentos, las familias necesitan de nuestro apoyo y solidaridad, por lo que pedimos que se coordinen las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y se sumen a la convocatoria inicial que pedimos coordinar al Centro de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco” de Oaxaca (BARCA), es especial solicitamos la incorporación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y todas, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Nacional de Comunicación Social, para que en conjunto puedan coberturar la caravana y llevar a buen puerto esta misión humanitaria.
Hacemos un llamado también a la Cruz Roja Internacional, a Amnistía Internacional, a Brigadas Internacionales de Paz y a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México a sumarse en la medida de sus posibilidades a esta caravana.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales, comprometidos con la verdad, para que documenten y verifiquen la realidad de San Juan Copala, para que le cuenten al Mundo como viven los sometidos y explotados de México y Oaxaca, para que vean de primera mano las condiciones inhumanas que Bety Cariño y Jyri Jaakkola qusieron documentar perdiendo la vida en ello.
La integridad y seguridad de todos y todas las que acompañen esta caravana es únicamente del Estado Mexicano en su conjunto, los derechos tutelados en nuestra constitución y en los tratados internacionales no pueden ser limitados por grupos paramilitares o gobiernos corruptos.
La Caravana Humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” logrará romper el cerco paramilitar y salvarles la vida a más de 70 familias que están sobreviviendo en condiciones inhumanas.
¡Porque los derechos del pueblo Triqui no están bajo el control de ningún grupo paramilitar!
¡Porque la justicia y la paz solo se alcanzan construyendo desde abajo!
¡Todas y todos a San Juan Copala el próximo 8 de junio!
Autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala
jueves, 13 de mayo de 2010
DECLARACION DE NUEVA MORELIA
Nueva Morelia, Municipio de Chicomuselo, Chiapas a 07 de mayo de 2010
El día de hoy, siete de mayo del 2010, en el Ejido Nueva Morelia Municipio de Chicomuselo estado de Chiapas, en el contexto del primer Foro en Defensa de nuestros Recursos Minerales, quienes nos reunimos hoy hemos visto amenazados nuestros recursos naturales por la explotación de las empresas extranjeras que han causado daños al medio ambiente. Por ello es importante analizar la situación de riesgo existente para los habitantes cercanos a la zona de explotación minera de Chicomuselo.
Muchos de los problemas que están pasando son porque nos quieren quitar la tierra para explotarla y enriquecerse con ella. Nosotros decimos que la tierra y el territorio es para nuestra vida, es el futuro, y presente de nuestros hijos e hijas, esta es nuestra tierra nuestro territorio, el lugar donde vivimos, la vida, el lugar que nos quieren quitar por las ambiciones de la gente de dinero con sus relaciones con los gobiernos para que se sigan enriqueciendo los mismos de siempre de distintas maneras.
Por ello, nos pronunciamos por lo siguiente:
1.-Se han entregado concesiones mineras a empresas extranjeras sin consultar a nuestras comunidades y sin dar información sobre los efectos que tiene la explotación de las minas en la naturaleza y que acaban con la madre tierra.
2.- Las mujeres tienen un papel importante en la lucha de la defensa de la tierra y territorio y sobre todo en contra de la minería.
3.- Nos pronunciamos en contra de los engaños y la manipulación que el Gobierno Federal ejerce a través de los programas sociales del gobierno para comprar las conciencias.
4.- Nosotros como hombres, mujeres, niños y niñas de las comunidades afectadas por la exploración minera nos pronunciamos para que se nos respete nuestro derecho al consentimiento Libre, Previo e informado.
Declaramos que estamos:
¡Por la libre determinación de los pueblos para decidir nuestro futuro y transformar nuestra realidad!
¡Por la defensa del territorio!
¡Por el derecho a la libertad de expresión!
¡Por el derecho a organizarnos y defender nuestros derechos!
¡Por el respeto a los derechos de los niños y las niñas!
Por lo tanto, exigimos:
1) Respeto total a las decisiones de las comunidades.
2) Alto a la represión y al despojo de nuestras tierras y territorios.
3) Alto a los proyectos y promesas que el gobierno y las empresas mineras intentan ofrecer en las comunidades generando confusión y división entre las comunidades, como proyectos turísticos, de reforestación, promesas y engaños con obras, entre otras.
4) Alto a la explotación de nuestra tierra y territorio
5) Alto a la afectación a los derechos a la salud
6) Fuera la minera canadiense Blackfire de Chiapas.
También exigimos justicia por la muerte de Betty Cariño asesinada por los paramilitares en Oaxaca el pasado 27 de abril del presente año. Así como justicia por la muerte de Mariano Abarca Roblero.
Nos solidarizamos con las luchas antimineras de los pueblos guatemaltecos que exigen que sus territorios estén libres de la explotación minera.
Los asistentes a este foro hacemos el compromiso de seguir luchando contra las empresas mineras para lograr que nuestras tierras y territorios estén libres de la explotación de las empresas depredadoras; nos comprometemos a seguir organizándonos, concientizándonos sobre los efectos nocivos de de la minería; organizarnos entre parroquias y comunidades para llevar a cabo acciones que nos liberen de la minería; continuar con la organización de foros en diversas regiones; llevar la información a todas las comunidades.
¡NO A LA MINERÍA DEPREDADORA, SÍ A LA VIDA!
Firman:
Parroquia de Chicomuselo
Parroquia de Comalapa
Parroquia de Motozintla
Parroquia de Ciudad Hidalgo
Parroquia de Bella Vista
Parroquia el Porvenir
Parroquia de San Francisco, Siltepec
Parroquia de San Lucas
Parroquia de San José
EAPSEC A.C. San Cristóbal de las Casas
Otros mundos A.C/Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas)
Dos Valles Valiente
Comité Regional para la promoción y defensa de la Vida
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.
miércoles, 12 de mayo de 2010
En México, "holocausto" centroamericano
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
El sistema penal facilita la tortura en México: ONU
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La tortura en México es una práctica extendida, facilitada por el sistema penal, y goza prácticamente de total impunidad.
Así lo documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante una visita realizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, entre agosto y septiembre de 2008.
La delegación, integrada por seis miembros del Subcomité, emitió su informe en mayo del año pasado, pero se pudo conocer hasta este miércoles, debido a las maniobras del gobierno de Felipe Calderón para mantenerlo oculto.
A pesar de que el propio Subcomité había recomendado su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó mantenerlo en reserva durante 12 años (Proceso 1733).
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y logró su desclasificación como documento reservado.
El informe resultó de la visita a 12 recintos policiales y judiciales, siete centros penitenciarios, una prisión militar, dos centros de menores de edad y dos hospitales psiquiátricos en el Distrito Federal, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.
La visita, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2008, tuvo el propósito de evaluar la aplicación en México del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del que el país forma parte desde abril de 2005.
El reporte confirmó la ineficiencia del Estado mexicano para prevenir y sancionar la tortura cometida por funcionarios públicos, policiales, ministeriales o incluso custodias en centros de detención y arraigo.
El informe, que se dio a conocer en una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, documentó también la limitada actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, incluida la de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsable de investigar las quejas por tortura.
Una de las principales observaciones fue sobre la actuación del Ministerio Público (MP), que mantiene a los detenidos durante largos periodos, valida las confesiones obtenidas bajo tortura, obliga a modificar los reportes médicos en casos de personas torturadas o maltratadas, y carece de peritos independientes para investigar y documentar la tortura denunciada por los detenidos.
El MP tiene al inculpado bajo custodia durante un lapso importante para entrevistarlo y tomarle declaración. Esa normativa y práctica, dice, contraviene los estándares internacionales, que establecen que la declaración del imputado debe ser recibida por una autoridad judicial.
Así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; ambos instrumentos han sido ratificados por México.
El Subcomité estableció que esa práctica del MP facilita “un escenario de riesgo” para que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con el propósito de obtener información, pruebas o declaraciones, de manera contraria al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas”.
Peor todavía es que el detenido tiene que demostrar que fue torturado, lo que se complica aún más cuando se utilizan métodos que no dejan evidencias físicas.
En especial, expresó “preocupación por los testimonios de personal médico de una procuraduría”, en los que quedó claro “cómo en muchas ocasiones los partes médicos no reflejan la realidad de los hallazgos encontrados al examinar a los pacientes”.
Los entrevistados “explicaron que era una práctica frecuente cambiar los partes médicos por orden de la procuraduría”.
La delegación atestiguó también cómo la autoridad utiliza el Protocolo de Estambul en contra de los detenidos, ajeno a su propósito de evitar la tortura y los malos tratos, lo que incluso podría explicar la inexistencia o el número bajo de denuncias por esas prácticas en los estados visitados.
Para el Subcomité, “el número de denuncias no es un indicador fiable para la evaluación del problema… Hay que tener en cuenta que, tanto la complejidad del sistema de trámite como el riesgo de represalias, pueden disminuir el número de denuncias de una forma drástica”.
Precisa que las víctimas ni están en condiciones mentales ni hay confianza en el sistema de denuncia, con la amenaza también de ser procesados por declarar contra la autoridad.
Además, considera que la figura del arraigo puede propiciar la tortura, debido a que se trata de espacios poco vigilados, y la vulnerabilidad de los arraigados por estar en una condición jurídica indefinida.
La delegación constató que la tortura es una práctica impune, por lo que pidió al Estado mexicano modificaciones legales para que las penas por tortura, tratos crueles o degradantes sean equiparables a las de un delito grave y no a lesiones o similares.
El informe también se refiere alas deficiencias de la defensoría pública, a las circunstancias de detención de los grupos vulnerables, en particular de niños y de indígenas, y a las condiciones de las prisiones.
El pasado fin de semana, la SRE anunció que para cumplir con las recomendaciones del Subcomité realizará un registro nacional de detenidos, en el que se incluya el motivo que justifique la privación de libertad, la hora de ingreso, la autoridad que ordenó la detención y los funcionarios responsables de cumplirla, así como el lugar de custodia y la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad.
Pero esa es sólo una de las medidas sugeridas por la ONU, que recomendó “vehementemente que se tomen todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que se adecue la legislación primaria y secundaria a los tratados internacionales sobre tortura”.
Además, pidió que se agilice la reforma constitucional penal aprobada en 2008 para que las declaraciones de las personas sean presentadas ante autoridad judicial y no ante el ministerio público.
En un comunicado, la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” señaló que la propuesta del Estado mexicano ante organismos internacionales para capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos es insuficiente.
“Sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes, documentados por el Subcomité, fueran producto de una falta de capacitación, puesto que no se requieren conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales”, añadió.
Es la impunidad absoluta y la estructura del sistema penal lo que alienta la tortura, señalaron las organizaciones.
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La tortura en México es una práctica extendida, facilitada por el sistema penal, y goza prácticamente de total impunidad.
Así lo documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante una visita realizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, entre agosto y septiembre de 2008.
La delegación, integrada por seis miembros del Subcomité, emitió su informe en mayo del año pasado, pero se pudo conocer hasta este miércoles, debido a las maniobras del gobierno de Felipe Calderón para mantenerlo oculto.
A pesar de que el propio Subcomité había recomendado su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó mantenerlo en reserva durante 12 años (Proceso 1733).
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y logró su desclasificación como documento reservado.
El informe resultó de la visita a 12 recintos policiales y judiciales, siete centros penitenciarios, una prisión militar, dos centros de menores de edad y dos hospitales psiquiátricos en el Distrito Federal, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.
La visita, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2008, tuvo el propósito de evaluar la aplicación en México del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del que el país forma parte desde abril de 2005.
El reporte confirmó la ineficiencia del Estado mexicano para prevenir y sancionar la tortura cometida por funcionarios públicos, policiales, ministeriales o incluso custodias en centros de detención y arraigo.
El informe, que se dio a conocer en una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, documentó también la limitada actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, incluida la de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsable de investigar las quejas por tortura.
Una de las principales observaciones fue sobre la actuación del Ministerio Público (MP), que mantiene a los detenidos durante largos periodos, valida las confesiones obtenidas bajo tortura, obliga a modificar los reportes médicos en casos de personas torturadas o maltratadas, y carece de peritos independientes para investigar y documentar la tortura denunciada por los detenidos.
El MP tiene al inculpado bajo custodia durante un lapso importante para entrevistarlo y tomarle declaración. Esa normativa y práctica, dice, contraviene los estándares internacionales, que establecen que la declaración del imputado debe ser recibida por una autoridad judicial.
Así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; ambos instrumentos han sido ratificados por México.
El Subcomité estableció que esa práctica del MP facilita “un escenario de riesgo” para que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con el propósito de obtener información, pruebas o declaraciones, de manera contraria al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas”.
Peor todavía es que el detenido tiene que demostrar que fue torturado, lo que se complica aún más cuando se utilizan métodos que no dejan evidencias físicas.
En especial, expresó “preocupación por los testimonios de personal médico de una procuraduría”, en los que quedó claro “cómo en muchas ocasiones los partes médicos no reflejan la realidad de los hallazgos encontrados al examinar a los pacientes”.
Los entrevistados “explicaron que era una práctica frecuente cambiar los partes médicos por orden de la procuraduría”.
La delegación atestiguó también cómo la autoridad utiliza el Protocolo de Estambul en contra de los detenidos, ajeno a su propósito de evitar la tortura y los malos tratos, lo que incluso podría explicar la inexistencia o el número bajo de denuncias por esas prácticas en los estados visitados.
Para el Subcomité, “el número de denuncias no es un indicador fiable para la evaluación del problema… Hay que tener en cuenta que, tanto la complejidad del sistema de trámite como el riesgo de represalias, pueden disminuir el número de denuncias de una forma drástica”.
Precisa que las víctimas ni están en condiciones mentales ni hay confianza en el sistema de denuncia, con la amenaza también de ser procesados por declarar contra la autoridad.
Además, considera que la figura del arraigo puede propiciar la tortura, debido a que se trata de espacios poco vigilados, y la vulnerabilidad de los arraigados por estar en una condición jurídica indefinida.
La delegación constató que la tortura es una práctica impune, por lo que pidió al Estado mexicano modificaciones legales para que las penas por tortura, tratos crueles o degradantes sean equiparables a las de un delito grave y no a lesiones o similares.
El informe también se refiere alas deficiencias de la defensoría pública, a las circunstancias de detención de los grupos vulnerables, en particular de niños y de indígenas, y a las condiciones de las prisiones.
El pasado fin de semana, la SRE anunció que para cumplir con las recomendaciones del Subcomité realizará un registro nacional de detenidos, en el que se incluya el motivo que justifique la privación de libertad, la hora de ingreso, la autoridad que ordenó la detención y los funcionarios responsables de cumplirla, así como el lugar de custodia y la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad.
Pero esa es sólo una de las medidas sugeridas por la ONU, que recomendó “vehementemente que se tomen todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que se adecue la legislación primaria y secundaria a los tratados internacionales sobre tortura”.
Además, pidió que se agilice la reforma constitucional penal aprobada en 2008 para que las declaraciones de las personas sean presentadas ante autoridad judicial y no ante el ministerio público.
En un comunicado, la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” señaló que la propuesta del Estado mexicano ante organismos internacionales para capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos es insuficiente.
“Sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes, documentados por el Subcomité, fueran producto de una falta de capacitación, puesto que no se requieren conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales”, añadió.
Es la impunidad absoluta y la estructura del sistema penal lo que alienta la tortura, señalaron las organizaciones.
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